Contabilidad en México.

El Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, actual Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), nació el 6 de octubre de 1923. Sus fundadores: Fernando Díez Barroso, Mario López Llera, Ernesto M. Díaz, Agustín Castro, Arnold Harmony, Roberto Casas Alatriste, Luis Montes de Oca, Edmundo Pérez Barreira, Tomás Vilchis, Maximino Anzures y Santiago Flores, poseían el título de contador de comercio pero para ejercer la contaduría pública con un fundamento académico propusieron la creación de un cuerpo técnico contable, con personalidad jurídica propia que integrara a los contadores con un título oficial. [1]

Al poco tiempo, el Instituto adquirió la facultad para avalar el cambio de los títulos de contador de comercio por los de contador público. A los fundadores iniciales se sumaron David Thierry, Rafael Mancera, José F. León, Agustín Zea, Emilio Bello, Luis G. Pastor, Julio Freyssinier Morin, Julio Torroella, Gilberto Figueroa, José Bravo, Jacinto Ávalos, José Barra, Armando Cuspinera, Alfredo Chavero, Hermenegildo Díaz y Félix Bárcenas; y el 14 de febrero de 1925 firmaron su escritura constitutiva.

Desde esas fechas tempranas, el Instituto se dio a la tarea dar voz a la profesión contable, al mismo tiempo que se sumaba a los esfuerzos por reconstruir el sector económico nacional. En su periplo cimentaron el ejercicio de la contaduría en México considerando aspectos académicos, legales, técnicos y que permitieran su crecimiento. Entre estas acciones emitieron el primer Código de Ética Profesional, estudiaron los procedimientos contables estadounidenses y europeos, y participaron en discusiones internacionales en foros como la Asociación Interamericana de Contabilidad.

Sin embargo, el camino no fue sencillo como narran los diversos testimonios de los primeros integrantes del Instituto, como observamos en estas palabras de Roberto Casas Alatriste: “Los comienzos del ejercicio profesional fueron muy penosos para los contadores mexicanos. Pocos o nadie creían en ellos, se les consideraba flatos de experiencia, muchas gentes no sabían lo que era un Contador Público, se creía que eran Tenedores de Libros por horas, cuando más se les consideraba Peritos Contadores, para actuar ante los tribunales, no faltó quien pretendiera designarlos como Licenciados en cuestiones mercantiles, pero además muchas personas los reputaban como tenedores de Libros sin colocación.”

Gracias al arduo trabajo de los integrantes del Instituto y de muchos otros profesionistas interesados, los contadores públicos fueron ganando el reconocimiento de empresarios, banqueros y la sociedad en general; la auditoría cobró peso como una labor fundamental y con gran esfuerzo, los despachos contables mexicanos, construyeron su prestigio y demostraron que eran necesarios para la salud económica tanto de la empresa privada como del sector público.

Entre los fundadores y, posteriormente presidentes del Instituto, encontramos a varios profesores de la Escuela Bancaria y Comercial: Roberto Casas Alatriste, Tomás Vilchis, José Bravo, Alejandro Prieto, Alfredo Chavero y Rafael Mancera Ortiz. El vínculo que desde el nacimiento de la EBC en 1929 con el Instituto de Contadores Públicos, ahora IMPC, ha fructificado en una propuesta académica constante alrededor del ejercicio contable.

En los documentos del Fondo Alejandro Prieto Llorente que resguarda el Archivo Histórico de la EBC se encuentra un pequeño folleto emitido por el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México en 1939 titulado La Certificación de Balances para Fines de Inscripción y Cotización de Valores y publicado por Editorial Cvltvra que retrata con gran fidelidad el empeño del Instituto por difundir la valía de la profesión.

El texto reproduce el memorándum que el Instituto entregó a la Bolsa de Valores de México sobre la forma y contenido de los certificados que ésta emite; e inicia explicando que “…dar a la publicidad el presente estudio, este Instituto espera contribuir al mejor conocimiento del público acerca de la intervención de los contadores públicos en los balances, y de la correcta ‘certificación’ de los mismos para los efectos de la inscripción y cotización de títulos en las bolsas de valores.” [3]

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A partir del análisis de las reglamentaciones de las Leyes de Instituciones de Crédito y de Títulos y Operaciones de Crédito, el folleto aborda la naturaleza de los Balances Certificados frente a la necesidad de que el público inversionista obtenga garantías sobre sus operaciones. Desde la mirada del contador, explora información técnica para conocer la situación financiera de la empresa emisora de títulos motivo de la operación y explica que el contador público es el “…profesionista que, estando capacitado para leer e interpretar los libros, registros y documentos de esa empresa, está también en aptitud de emitir un juicio imparcial acerca de su situación en el campo de los negocios. Es por ello que la legislación relativa a las operaciones de crédito exige que el contador público certifique […] el balance en el que se hace aparecer la situación de la empresa, y es por ello también que la misma legislación obliga a las Bolsas de Valores a exigir a las empresas o individuos cuyos títulos cotiza, un balance certificado por contador público.” [4]

Finalmente, el folleto concluye con la importancia del certificado del contador público, el tema de los dictámenes y los certificados, los procedimientos que respaldan los dictámenes, las formas éstos puedan tener, así como sus salvedades y limitaciones.

Este y otros textos sobre la historia de la contabilidad pública en nuestro país pueden ser consultados en los diferentes acervos del Archivo Histórico de EBC.

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